Meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o espiritu competitivo tales como, por ejemplo, la excelencia en educación o deportes.
La meritocracia está asociada, por ejemplo, al estado burocrático, siendo la forma por la cual los funcionarios estatales son seleccionados para sus puestos de acuerdo con su capacidad (a través de concursos, por ejemplo). O también más comúnmente asociado a los exámenes de ingreso o evaluación en las escuelas, en las cuales no hay discriminación entre los alumnos en cuanto a las preguntas o temas propuestos. Así la meritocracia también indica posiciones conseguidas por mérito personal.
Aunque la mayoría de los gobiernos están basados en parte en la meritocracia, esta no se expresa de forma pura en ningún lugar. Gobiernos como el de Singapur o Finlandia utilizan estándares meritocráticos para la elección de autoridades, aunque mezclados con otros. Un modelo próximo a la meritocracia puede ser la jerarquía militar en la cual teóricamente los puestos se obtienen por adecuación a ciertos valores(con esto no digo que O. Humala sea un buen candidato a la presidencia)
Gobiernos y organismos meritocráticos enfatizan el talento, educación formal y competencia en lugar de las diferencias existentes como clase social, etnia o sexo. En la práctica, las investigaciones sobre movilidad social indican que todos estos criterios supuestamente neutros favorecen a los hijos de los que ya son privilegiados de algún modo.
En una democracia representativa, donde el poder está, teóricamente, en las manos de los representantes electos, los elementos meritocráticos se incluyen en el uso de consultores especializados para ayudar a la formulación de políticas y en un servicio civil meritocrático para implementar dichas consultorías. El problema perenne de la defensa meritocrática es definir, exactamente, que se entiende por "mérito".
La base de este sistema está en la evaluación del desempeño, no en una simple evaluación para cumplir la norma, sino en una adecuada y responsable, que implique el compromiso del evaluador y del evaluado en el logro de los objetivos.
El proceso debe ser asumido por los propios interesados definiendo sus mecanismos y objetivos. Por tanto, cada funcionario público debiera preguntarse: ¿se puede dar por establecida la meritocracia en mi institución? ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿cómo podría consolidarse? Es un proceso integral y holístico, que va más allá de los procedimientos. Partiendo de estas respuestas, cada funcionario –en su ámbito de acción- podría ir tomando las medidas necesarias para crear “el ambiente” idóneo para implantar la meritocracia como sistema de gobierno; implica la responsabilidad y honestidad en el actuar: para uno mismo, para los de su entorno más cercano y para la comunidad en general.
* No olvidemos que los cargos públicos tienen que asignarse por méritos y trayectoria profesional y no por tal o cual militancia o carné partidario. La existencia o no de una meritocracia constituye un factor que afecta no sólo la implementación de las políticas públicas sino también el control de las mismas y, sobre todo, la responsabilidad de los funcionarios frente a la comunidad en el buen manejo de los recursos y el logro de los objetivos establecidos. Si esto se consiguiera en nuestras instituciones públicas, lograríamos un estado eficiente y más ordenado que sirva a los ciudadanos.
* Profesora de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Piura. Artículo publicado en el diario El Tiempo, miércoles 2 de mayo de 2007.
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